En 1975 se publicó mi segunda novela, “La agonía del Macho Luna”, en la que escenifica un juicio que creí absurdo y disparatado, en el que los jueces y los abogados de los poderosos hacen horrores contra los débiles y los abogados de los débiles. Lo que no alcancé a imaginarme es que apenas me estaba adelantando veinticinco años, o menos, a la realidad. Un primer indicio de que era así fue el absurdo juicio contra Carlos Andrés Pérez y cuatro altos funcionarios de su gobierno (1993), que fueron condenados por un delito que ni siquiera estaba previsto en la Ley. Se explicaba por razones políticas, y porque a dos de los magistrados involucrados en la sentencia les ofrecieron nada menos que la Presidencia de la República si lograban la condena. Lo malo es que aquel absurdo abrió la caja de Pandora al dejar al descubierto que en Venezuela no existía Estado de Derecho (Derecho, con mayúscula), que era algo que sólo los abogados sospechaban a la vista de disparates cometidos por jueces, bien por incompetencia, bien por corrupción, pero que no era entonces tan frecuente como ahora. Más grave aún fue aquel inmenso disparate de lo “supraconstitucional” (2000), que permitió echar por tierra la Constitución de 1961 violando todos los preceptos constitucionales y todo lo violable del mundo y dio paso a todos los abusos de poder que ha cometido el régimen militar del teniente coronel Chávez Frías. A partir de allí sí quedó demostrada la absoluta inexistencia del Estado de Derecho, y los disparates jurídicos en todas las ramas del derecho (con minúscula) se convirtieron en la norma, no en la excepción. Así pudimos ver cómo fueron absueltos los pistoleros de Llaguno y condenados los comisarios y los policías porque a jueces a quienes mucha gente atribuye dudosa idoneidad les dio la gana de complacer a los poderosos. El derecho, en resumen, se convirtió en eso: complacer a los poderosos, que es justamente lo que yo, creyéndolo absurdo, planteaba en “La agonía del Macho Luna”. Y ahora nada menos que el Tribunal Supremo de Justicia, contrariando todo lo imaginable, mediante sentencia del 18 de junio del 2009, declara ¡que las personas jurídicas tienen responsabilidad penal!… Santo dios de los peroles. La Persona Jurídica es un ente abstracto, producto de un acto jurídico, que no tiene manos para sostener un revólver o un puñal, ni boca para engañar a un incauto, ni pies para patear. Por definición, un ente abstracto no puede cometer un delito penal, que es lo más concreto que puede haber. Una persona natural puede valerse de una Persona Jurídica para cometer un delito, pero el delito quien lo comete es la persona natural, que tiene cerebro para urdir su crimen y voz para ordenar a sus subalternos, por ejemplo, que cometan tal o cual tropelía, pero quienes actúan son la persona natural y sus subalternos, que son también personas naturales. La Persona Jurídica, por definición, no puede cometer delito alguno. En tiempos muy recientes hay quienes afirman que una Persona Jurídica sí puede ser penada por delitos penales, aunque sólo es posible imponerle penas, pecuniarias inhabilitantes, que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios, lo cual se relaciona con el derecho administrativo, no con el penal. Es muy discutible. En cuanto a Venezuela, específicamente a Venezuela, hay más: la Constitución vigente, así como varios Tratados de los que Venezuela es parte, establecen que una pena no puede trascender a la persona (natural) sentenciada. Eso está clarísimo en el artículo 44, ordinal 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 5, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ergo, el disparate del TSJ requeriría nada menos que un cambio constitucional que no se ha producido. Entonces, ¿qué se persigue con este nuevo disparate? Nada más sencillo: condenar a Globovisión, a RCTV, a las ONGs, a las universidades, etcétera, como se condenó a los comisarios, porque a los jueces chavistas les da la gana, y para complacer al teniente coronel Chávez Frías en sus delirios dictatoriales y quitarle de la vista lo que lo incomoda. Eso es todo. Pues bien, a mis amigos abogados les recomiendo que hagan como dice el tango “Piantate de la cancha”, que cuelguen los piparulos, porque esta vaina se la llevó quien la trajo. Cualquier chofer de autobús, cualquier vendedora de empanadas puede actuar como abogado en la actualidad, pues el derecho (con minúscula) se reduce a cumplir la voluntad del poderoso. Yo creía que lo que inventé en mi segunda novela, en tiempos en los que hasta me sentía orgulloso de haber estudiado Derecho (ahora con mayúscula), era una exageración, pero ahora resulta que me quedé corto. Si el Derecho no existe, ¿para qué sirven los abogados?

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